Fascination About Extradición y crimen organizado en España

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“El objeto de la Ley de tratados es common el procedimiento interno para la aprobación y ratificación de estos instrumentos. Es decir que se consideran todos los instrumentos que están establecidos en la constitución de todas las materias”, explica.

Una vez que termina la etapa judicial, se turna el asunto dependiendo de cada país a otra Instancia en donde el Estado requerido resuelve sobre la procedencia de la extradición.

El desarrollo de dicha vista es el ordinario: acude el detenido, el juez instructor, el fiscal de la Audiencia Nacional de guardia, y el abogado defensor.

De esta forma el detenido inmediatamente podría tomar conocimiento exacto de sus situación procesal, y no tener que tomar la dolorosa decisión de elegir entre aceptar la petición de extradición a ciegas o tener que esperar en prisión hasta 80 días para poder tomar una decisión con pleno conocimiento de las consecuencias que van a derivarse de la misma.

La falta de un acuerdo de extradición con un país puede representar un obstáculo para la justicia al dificultar la entrega de fugitivos y la cooperación entre los sistemas judiciales.

Igualmente, hay que fijarse cómo generalmente el país requirente suele acompañar a la petición de extradición  una declaración unilateral donde se compromete a cumplir en el tratamiento del ciudadano con todos los estándares de protección de los derechos humanos conforme a la Convención Europea de Derechos Humanos, así como para permitir el libre retorno a nuestro país una vez que dicha persona haya cumplido con sus responsabilidades penales.

Una vez fijada la fecha en la que las autoridades extrajeras deban de hacerse cargo del extraditado, y asumida esta responsabilidad de forma correcta por el Estado requirente, los últimos trámites del proceso serán los siguientes:

Además, el delito por el que se solicita la extradición debe directory ser considerado un delito en ambos países. Esto significa que el delito debe estar tipificado en las leyes de ambos países y que ambas jurisdicciones consideren el delito como un acto punible.

Esto puede lograrse a través de la participación activa en organismos internacionales y la adhesión a convenios y tratados que promuevan la cooperación judicial y la extradición de delincuentes.

Las personas que son objeto de una solicitud de extradición tienen derecho a ser informadas sobre los cargos que se les imputan, a contar con asistencia legal y a presentar pruebas en su defensa.

Estos tratados establecen las reglas y procedimientos para la extradición de personas acusadas o condenadas por delitos en uno de los países firmantes y que se encuentran en territorio del otro país firmante.

Es importante tener en cuenta que la falta de acuerdo de extradición no significa necesariamente que un país no pueda cooperar con otro en materia de justicia.

Por otra parte, la ley permite la entrega de personas a otros países aunque se les haya concedido el asilo político, siempre y cuando se trate de delitos comunes.

La falta de acuerdo de extradición entre países puede ser un obstáculo para la justicia y la cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.